«Los Derechos Humanos no son negociables por demandas de los empresarios y sus ganancias.»

La minería industrial en Centroamérica tiene graves consecuencias para el medio ambiente por los quimicos usados para sacar los metales de la piedra y conduce a conflictos sociales y violencia.

Varias comunidades afectadas, junto con organizaciones locales asesoras (CRIPDES, Colectivo Madre Selva, Centro Humboldt, ERIC y Radio Progreso) en Centroamérica, se oponen a compañías mineras despiadadas y luchan para poder decidir por sí mismos sobre el uso de su tierra y sus recursos.

A los defensores de los Derechos Humanos se les criminaliza, amenaza o incluso se les asesina, si se ocupan de violaciones a los DD.HH. en relación con proyectos de minería. ¡Esto tiene que terminar! Los gobiernos y la empresas deben acceptar el “No” de las comunidades a la minería.

Las organizaciones asesoras publican estudios y lanzan campañas para una regulación del sector de la minería con base en los Derechos Humanos de los habitantes y una política medioambiental sostenible. En El Salvador su trabajo ya tuvo éxito: En marzo 2017 se prohibió la minería metálica un hito importante que sirve como ejemplo para movimientos sociales en muchos países.

Desde abril 2017 las organizaciones se conectaron en con la red ACAFREMIN (Alianza Centro Americana Frente a la Minería) a nivel regional con otras comunidades afectadas. Con la ICR la alianza lanzó una campaña internacional para la comunidad Mina La India en Nicaragua.